SIN EMBARGO.- El baúl de los secretos políticos está a punto de abrirse. Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara hace unos días que desclasificará los archivos del aparato de espionaje del Gobierno mexicano, la opinión pública podrá conocer 8 mil 320 carpetas que contienen información sobre movimientos sociales y estudiantiles, contratistas, intervenciones telefónicas y casos de corrupción.
Una búsqueda realizada por Vice en la extensa base de datos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), contenida en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pone en la superficie los temas que investigó el órgano encargado de la inteligencia mexicana en las últimas tres décadas.
Con la medida que se propone López Obrador, quedarían al descubierto miles de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, las actuaciones de movimientos sociales como la APPO (Oaxaca), el #Yosoy132 (estudiantes) o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Javier Sicilia); también la amenaza del nivel de corrupción alcanzado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el espionaje a políticos y periodistas mediante hackeo.
En 2005 fueron aprobadas algunas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para permitir el espionaje de comunicaciones como llamadas telefónicas y correos electrónicos. Con el paso de los años, en las oficinas del CISEN, el uso de la figura se volvió cada vez más recurrente. Las intervenciones pasaron de algunas decenas en los primeros años de la autorización a miles en los últimos, según datos del mismo organismo.
PEÑA NIETO, UN PÁJARO EN EL ALAMBRE
Bajo la administración de Vicente Fox se realizaron 21 escuchas y vistas de correos (se consideró 2005 y 2006). Luego, con Felipe Calderón –el presidente que inició una guerra en contra del crimen organizado–, el número subió a 319 (se consideró de 2006 a 2012). Pero sólo en los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto (se consideró 2013 a 2015) se efectuaron mil 481, un número cuatro veces mayor que todas las intervenciones que se hicieron durante el foxismo y el calderonismo.
Mientras, el CISEN se rodeaba de muros de contención que lo volvían cada vez más enigmático ante los ojos de los ciudadanos. A lo largo de las décadas, se le acumularon las solicitudes de información mediante los mecanismos de transparencia, a las que siempre se negó a responder, con el argumento de que revelar datos de sus acciones dañaría la seguridad nacional. La lectura de algunas, archivadas en el INAI, da cuenta de la preocupación de los mexicanos por saber cómo operaba el organismo, en qué gastaba su presupuesto o a quiénes espiaba.
Fundado en 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este organismo contó con 12 directores. Su encomienda legal era analizar información con base en una Agenda Nacional de Riesgos. Cada año, la elaboraba y de inmediato, la ponía bajo reserva por 12 años. Hoy es posible conocer las que se generaron de 2000 a 2007 y ver que el documento incluía crimen organizado, subversión y terrorismo, dinámica demográfica, fenómenos fronterizos y migratorios, riesgos ecológicos, globalización de la economía, fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática. Una sesión del comité de transparencia del CISEN, consultada por Vice, revela que a partir de 2015 se incluyó la corrupción como amenaza.