“No había necesidad de que el alcalde de Culiacán estableciera un golpeteo permanente contra el Congreso del Estado y en particular hacia mi persona, porque en realidad el Congreso no va a trabajar en función de presiones, tiene sus propios ritmos y tiene que ser responsable en materia legislativa”, enfatizó la diputada Graciela Domínguez Nava.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, señaló lo anterior durante la discusión que se dio previa a la aprobación del dictamen que contempla reformas a la Ley de Hacienda Municipal y que se elaboró con base en tres iniciativas.
“Desde aquí hacemos un llamado, en todo caso al alcalde, a que ciertamente ante la existencia de múltiples amparos, su crítica y cuestionamiento no debió haberla dirigido al Congreso, sino a esos contribuyentes que aprovechándose de las deficiencias de la ley se niegan a pagar impuestos”, dijo.
Lo convocamos, remarcó, para que en ese sentido trabaje desde el municipio, para que el porcentaje de contribuyentes que está considerado que no paga impuestos, lo cumpla, y si tiene un convenio con el Gobierno del Estado para el cobro, que rinda un informe de cuáles han sido los resultados.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, agregó que con la aprobación del dictamen sobre reformas y adiciones a la Ley de Hacienda Municipal se cumple con uno de los temas de la Agenda Común.
Recordó que esta agenda se dio a conocer por todos los grupos parlamentarios el pasado 14 de octubre, para atender diversas propuestas en materia del impuesto predial.
Sobre este tema, precisó que se presentaron tres iniciativas, una de las cuales es autoría del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en la que argumentaba que la inconstitucionalidad de algunos elementos del Impuesto Predial les ha venido impactando en la recaudación del mismo.
Esto último, aclaró que para el caso de Culiacán es una afirmación que no corresponde a los informes de sus propios ingresos, detallados en su documentación de armonización contable.
Este año, según esos informes, explicó, de los de 393 millones de pesos proyectados en la recaudación del Impuesto Predial Urbano, al 30 de junio ya se tenían registrados 364 millones de pesos en ingresos y sólo le restaban 28 millones a captar en el segundo semestre de julio a diciembre.
Es decir, subrayó, en términos de proyección, difícilmente podría atribuirse a los contribuyentes problemas de incumplimiento, a pesar de la pandemia del Covid-19.
Añadió que en 2019 la recaudación del Impuesto Predial Urbano fue mayor a la proyectada, porque los informes detallan que de un ingreso esperado de 343 millones 758 mil 847 pesos con 80 centavos, en realidad ingresaron 56 millones más.
Sin embargo, observó, todos los municipios arrastran un serio problema de morosidad desde hace años.
Para solucionarlo, expuso, los municipios firmaron convenios con el Gobierno del Estado para cobrarles a esos contribuyentes morosos, mismos que entraron en vigencia el 01 de enero del 2018 y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.
La cuestión aquí, observó, es que no existe información pública disponible sobre los resultados de esos compromisos convenidos.
Resaltó que en los últimos 30 años los niveles de recaudación no han superado el 40 por ciento del Impuesto Predial facturado.
Ello es preocupante, dijo, porque entonces implicaría que la recaudación proyectada por los gobiernos municipales, estaría subestimada.
Eso explica, dijo, que los ingresos estimados en materia del predial urbano se rebasen, como ocurrió el año pasado y como es probable que esté ocurriendo en los últimos seis meses en Culiacán.
Por todo lo anterior, Domínguez Nava hizo un llamado para que se den a conocer los resultados de esos convenios que literalmente buscan enfrentar la morosidad del impuesto predial y lógicamente ampliar su recaudación.
Por otra parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política felicitó a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Administración Pública por no haber aprobado la propuesta del alcalde de Culiacán de quitarle el 50 por ciento de descuento al que tienen como beneficio los campos deportivos.
También resaltó que no se haya aprobado la propuesta de cambiar el concepto de baldíos, ya que de hacerlo tendría afectaciones y repercusiones en el aumento al Impuesto Predial Urbano.