De reversa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su iniciativa de reforma eléctrica, cuyo contenido central es el retorno al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el retroceso en la participación privada en la generación y distribución de energía, abierta desde hace tres décadas.
“Se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dice la iniciativa.
“La CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiere el País. El sector privado participará hasta en el 46 por de la generación. El servicio público de abastecimiento será prestado exclusivamente por CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”, establece.
Los permisos de generación otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado serán cancelados, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.
Califica de ilegales los permisos de autoabastecimiento y no serán reconocidos por la CFE.
“Igualmente, la generación excedente de los Productores Independientes de Energía (…) tampoco será reconocida. El Estado no puede reconocer mecanismos flagrantemente ilegales”, sentencia la iniciativa.
Esto afecta a centrales de autoabasto y productores independientes de energía previstos desde 1992.
En la reforma de 2013 se abrió completamente la generación al sector privado y de ahí surgieron las subastas de largo plazo para la instalación de proyectos renovables de gran escala.
También se propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sea reincorporado a la CFE con sus funciones y atribuciones.
De aprobarse la reforma, el sector privado verá afectadas inversiones hasta por 81 mil millones de dólares en proyectos de generación ya realizados, estimados y de gasoductos.
La mitad de ello es de proyectos que están en operación más la inversión adicional que se tenía prevista entre 2021 y 2033, estimada en un monto de 24 mil millones de dólares.
En el caso de gasoductos, la CFE calculó inversiones por 13 mil millones de dólares.
Todo ello sin contar costos de indemnizaciones potenciales por incumplimiento de contratos, pues estos se determinarán por los tribunales tras la presentación de controversias judiciales y arbitrajes internacionales.
Claudio Rodríguez, abogado y socio de la Práctica de Energía de Holland & Knight, y Paolo Salerno, especialista en energía, explicaron que cualquier cambio a la Constitución tendría que hacerse con respeto a los contratos y derechos adquiridos.
“En el caso de que decidan realmente borrar todo, entonces se dispararían las demandas contra el Estado para recuperar las inversiones por ser una violación retroactiva de los derechos adquiridos y en materia de inversión extranjera, y al final, el Estado tendría que pagar todo eso”, indicó Salerno.
Fuente: Reforma.