A un mes de entrar en funciones, el Congreso de la Ciudad de México incurrió en una violación a la ley al no haber conformado aún las comisiones dictaminadoras.
De acuerdo con el Artículo 75 de la Ley Orgánica del organismo, estas deben ser constituidas en las primeras tres sesiones. Sin embargo, la II Legislatura ya suma nueve ordinarias y todavía no hay fecha para la integración de los comités.
“Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se integrarán por las y los Diputados electos por el Pleno del Congreso durante las primeras tres sesiones de la legislatura a propuesta de la Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de las y los Diputados”, establece la normativa.
En cada sesión se han presentado decenas de iniciativas que están pendientes de ser discutidas y dictaminadas.
Legisladores acusan que ya se perdió el 25 por ciento del periodo ordinario, que concluye en diciembre.
“Estamos muy rezagados, peor incluso que en el arranque de la Primera Legislatura.
“Ya perdimos el 25 por ciento del periodo sin ser productivos, sin generar absolutamente nada”, dijo el legislador Federico Döring, del PAN.
Debido al retraso en la instalación de las comisiones, aseguró Döring, tampoco se ha podido establecer un calendario para la comparecencia de los titulares de las dependencias del Gobierno capitalino, lo que tendría que haber ocurrido tras la entrega del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Entre los factores que provocaron que los comités no se hayan conformado, el panista acusó falta de ánimo en agilizar las negociaciones por parte de Isabela Rosales, presidenta de la Mesa Directiva, además de cuestiones administrativas pues, dijo, las cuentas del cierre de la I Legislatura “siguen sin cuadrar”.
Organizaciones de la sociedad civil también padecen el retraso. Es el caso de Reinserta que no ha podido reunirse con integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que tiene el mayor número de iniciativas pendientes por analizar, para revisar la Ley de Centros Penitenciarios que duplica la estancia de los hijos de mujeres privadas de su libertad hasta los 6 años.
Fuente: Reforma.