Marko Cortés se presenta ante el máximo tribunal del país para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Comunicación Social.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional del PAN presentó este lunes un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B de la reforma electoral, así como de la Ley General de Comunicación Social mayoriteadas por Morena en diciembre.
El presidente de dicho instituto político, Marko Cortés Mendoza, acudió personalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde hizo entrega de una serie de documentales con las que pretende revertir las nuevas disposiciones electorales y de comunicación. Además, adelantó, en el transcurso de la semana se presentarán más controversias
En conferencia de prensa, luego de entregar los recursos jurídicos, Cortés Mendoza informó que la acción de inconstitucionalidad presentada fue contra la mencionada ley de Comunicación Social, así como contra la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En cuanto al primer asunto, explicó, se trata de revertir las disposiciones que limitan el gasto publicitario principalmente de los ayuntamientos, mientras que en el segundo asunto, aborda la permisividad para que servidores públicos en activo puedan realizar promoción personal con fines electorales.
El plan jurídico del PAN incluye la capacidad de controvertir leyes para la dirigencia del partido, además del Senado de la República. En tanto, anticipó que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, solicitará a la SCJN celeridad en el tratamiento de los casos.
Cortés Mendoza dijo confiar en la SCJN por la apertura de su nueva presidenta.
El líder panista estuvo acompañado de los jefes de bancada en el Congreso de la Unión, así como de otros dirigentes del llamado Sistema PAN, que incluye representación de varios estados y municipios.
El pasado mes de diciembre, el llamado Plan B de la reforma electoral fue aprobado por las mayorías lopezobradoristas en las cámaras sin mayor dicusión ni trámite. Se trata de un paquete de disposiciones que afectó la legislación electoral, la Ley General de Comunicación Social y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que, desde el mismo 15 de diciembre, al aprobarse en el Senado, el PAN dijo serían objeto de controversia constitucional.
Fuente : Proceso